La presidencia de México se posicionó con respecto a las acusaciones de espionaje presuntamente cometido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, informaron que las instituciones encargadas de la seguridad nacional solo pueden intervenir comunicaciones con órdenes judiciales de por medio.
Con respecto a los señalamientos de espionaje a través de medios de comunicación, el Gobierno de México afirmó que la información revelada —y obtenida a través del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— no es oficial, pues no cuenta con firmas y no está avalada por ninguna autoridad.
“Con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, acusó el gobierno de AMLO, indicando que las publicaciones periodistas sobre espionaje “carecen de validez legal”.
Por el contrario, se enfatizó que los esfuerzos de inteligencia son para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y no para operar contra actores políticos, sociales o ciudadanos pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, como se le ha señalado a AMLO en repetidas ocasiones.
