Los 11 consejeros que integran el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) cerraron filas en contra de la persecución penal, injustificada y sin sustento, iniciada en contra de seis de ellos y del secretario ejecutivo del Consejo General.
Esto luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los consejeros que votaron a favor de posponer la revocación de mandato.
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«Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones», señaló el INE en un posicionamiento público.
«Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen».
El viernes de la semana antepasada, seis de los once consejeros del INE votaron a favor de posponer la revocación de mandato con el argumento de que el organismo no tiene los recursos suficientes para organizar dicho ejercicio de participación ciudadana.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmendó la plana al INE la semana pasada y le ordenó ajustar su presupuesto para que pueda realizar, obligatoriamente, esa consulta revocatoria.
No obstante, Morena busca enjuiciar a los consejeros electorales, así como que se les abra un proceso penal por desacato jurisdiccional.
«Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía.
Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión», expuso el INE al respecto en el posicionamiento, el cual fue suscrito por los 11 consejeros. «En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos».
