Para contener las violentas protestas que exigen comicios generales ya, el nuevo gobierno de Perú decretó el estado de emergencia en el país por 30 días.
«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas», informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Los manifestantes también exigen la liberación del destituido Pedro Castillo.
Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según reportes.
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En tanto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú aplazó para el jueves la resolución sobre la solicitud de la Fiscalía de detener a Castillo de forma preventiva por un periodo de 18 meses.
Agendó para las 8:30 horas (local) la audiencia en la que se resolverá el asunto, por lo que Castillo seguirá en prisión provisional.
El fiscal Uriel Terán presentó una solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Aníbal Torres, el ex primer ministro, por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad política.
A su vez, Pedro Castillo solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«¡Basta ya. Sigue el atropello, la humillación y el maltrato Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», dijo el ex mandatario por medio de su cuenta de Twitter.
Castillo firmó su comunicación como «presidente constitucional del Perú».
El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente intentó disolver el Congreso y establecer un «gobierno de excepción», sin el apoyo de su gabinete ni de las instituciones.
