El 17 de noviembre de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos criminales en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.
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Pasaron 34 días tras la detención en el aeropuerto de Los Angeles, California, cuando se le acusó de proteger al cártel de las drogas H-2, una célula de los hermanos Beltrán Leyva con bastión en Nayarit.
Dos meses después, la Fiscalía General de la República de México exoneró completamente de cualquier presunción delictiva al general Cienfuegos.
La acusación contra “El Padrino”
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El general Salvador Cienfuegos detenido el 16 de octubre y acusado en Estados Unidos de cuatro cargos relacionados al trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, así como lavado, entre 2015 y 2017, cuando era secretario de la Defensa en México, además se le señala por dar protección al cártel H-2, un grupo criminal violento con base en Nayarit.
En documentos de la fiscalía de Estados Unidos se exponen los vínculos con la delincuencia organizada.
En uno de los documentos se apunta que el acusado abusó de su posición pública para ayudar al Cártel H-2, el cual calificó como “extremadamente violento”, que traficó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana en EU.
Se apunta que, a cambio de sobornos, se le permitió a ese cártel operar con impunidad en México.
“Gracias en gran parte por la asistencia corrupta del acusado, el cártel H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del Ejército mexicano e importó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos”, detallaron los fiscales.
“El dinero recibido del narco aseguraba que los agentes de seguridad mexicanos arrestaran y torturaran narcotraficantes rivales, liberaran miembros del cártel H-2 de la cárcel, y la habilidad de conducir su actividad delictiva narcotraficante y de tráfico de armas y violencia -con docenas de asesinatos- sin tener que rendir cuentas”, sostuvieron.
Dicho cártel es una célula de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y era liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, quien fue abatido en 2017 por la Secretaría de Marina.
En el documento se precisa que desde agosto 2019 existe una orden de arresto contra Cienfuegos en EU.
Indica que tienen evidencia obtenida de intercepciones de “miles” de comunicaciones (mensajes) de Blackberry, las cuales revelan que mientras era secretario de la Defensa ayudó a dicho cártel, asegurando que operaciones militares no se llevaran a cabo, actuando para expandir el territorio controlado por éste y advirtiendo de investigaciones en su contra.
El escrito recomienda dictar detención permanente sin derecho a fianza, por el riesgo de fuga del acusado, el peligro que implica para la comunidad, así como la evidencia de su culpabilidad.
El fiscal federal de Brooklyn, Richard P. Donoghue, identifica a Cienfuegos Zepeda como “El Padrino” y lo señala por haber conspirado para fabricar y distribuir sustancias ilegales que fueron importadas ilegalmente a EU, entre 2015 y 2017.
La connotación mafiosa
Su pseudónimo mafioso reflejaba su posición en la cúspide de una pirámide que incluía las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el «extremadamente violento» cartel de drogas H2 , dicen los fiscales, publicó el diario El País el 21 de noviembre de 2020.
El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cartel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el Ejército y sus recursos contra otros rivales.
También fue acusado de crímenes de narcotráfico más prosaicos: recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana dentro de Estados Unidos.
El general negó todos los cargos
Hasta “odiaba a ‘El Chapo’”
El 20 de octubre del mismo año, diversos medios publicaron que durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa soltó una bomba.
Cifuentes, cooperante de la Justicia estadounidense, contó que el fundador del Cártel de Sinaloa sobornó con 10 millones de dólares a un militar de alto rango, descrito como el “general de la Nación».
Según el colombiano, “El Chapo” buscó al funcionario —cuyo nombre no fue mencionado, pero se presume que habría sido el general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de producción, distribución de drogas y lavado de dinero— un año antes de su recaptura en Mazatlán, Sinaloa, en 2013.
Guzmán Loera, según Cifuentes, le hizo la oferta a través de Andrea Veléz Fernández, quien tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México y era secretaria del narco colombiano.
La mujer mantenía contacto con el militar porque “le presentaba ‘amigas’ al general de la Nación los jueves para fiestas privadas”.
Cifuentes aseguró que “el señor Joaquín le pidió el favor al militar para que lo dejara en paz. Y si ella (Vélez Fernández) lograba el objetivo, le iba a regalar un millón de dólares”.
Su testimonio estuvo basado en fotografías y mensajes enviados a su móvil, además de ser testigo presencial del supuesto soborno.
“Amigo, ¿ya está lista la cita con el cachuchón (militar) este miércoles?”, le preguntó en clave Cifuentes a Vélez Fernández.
La mujer fracasó en el intento, según Cifuentes, “porque el general odiaba mucho a Joaquín”. El capo de Sinaloa “se enojó mucho que mandó a matarla, por mentirosa [sic]”. La orden de asesinato no se ejecutó y el narco colombiano siguió manteniendo el contacto.
El escándalo no termina ahí. Cifuentes testificó en noviembre de 2017 que el ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había contactado a Guzmán para pedirle 250 millones de dólares y que lo dejara trabajar libremente, pero el capo contraofertó 100 millones de dólares.
Militares inconformes
De una u otra forma, diversos medios publicaron informes del malestar que generó entre militares la detención del general de más alto rango de su institución.
Se quejaban de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de México, parecía más un aliado de la agencia antidrogas estadounidense DEA, que del Ejército mexicano que participa en temas cruciales como la Guardia Nacional o la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Entre las filas militares se comenzó a gestar una franca inconformidad con el Presidente, a quien veían poco contundente frente a la falta de diplomacia del gobierno de Estados Unidos por arrestar al general Salvador Cienfuegos sin aviso ni cortesías binacionales.
La relación bilateral en peligro
El arresto de Cienfuegos comprometió un entendimiento que «tomó mucho tiempo desarrollarse entre los altos rangos militares de ambos bandos», argumenta Roderic Ai Camp, el especialista en estudios mexicanos, de acuerdo con una publicación de la BBC de Londres.
Parece que el caso se redujo a una ecuación sobre si su condena valió la pérdida de confianza que causaría, combinada con la presunta capacidad del acusado para desatar algún escándalo grave desde el interior de la corte.
En el análisis final, los funcionarios estadounidenses simplemente decidieron que tenían más que ganar al devolver «el padrino» a México.
«Los más expertos y responsables en supervisar e implementar una de las relaciones estratégicas más importantes para EE.UU. probablemente acudieron al fiscal General Barr para resolver esto lo antes posible», dice la experta en relaciones internacionales Ana María Salazar.
«Si no, el impacto podría haber durado potencialmente una década».
El daño ya estaba hecho
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacion por narcotráfico que era un hecho «lamentable».
«Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el período neoliberal (…) Se podría hablar de un narcogobierno y sin duda de un gobierno mafioso», afirmó López Obrador en ese entonces.
Este viernes, López Obrador avaló la decisión de la Fiscalía General de la República y acusó a la DEA estadounidense de fabricar las pruebas en su contra.
