El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que es un hecho la repatriación del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, a pesar de que su defensa utilizó pruebas para solicitarle asilo político en Israel.
Sin embargo, el gobierno mexicano contradijo tal postura al señalarlo como torturador en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. «Él trata de obtener asilo en Israel argumentando que hay una persecución en su contra, y eso hace que los procedimientos sean más largos», dijo el canciller en la mañanera de este jueves.
Asimismo, Ebrard Casaubón dejó en claro que el asunto es conocido por las jurisdicciones del país asiático: «Está en manos de autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo el proceso».
Argumentó sentirse seguro de que la causa saldrá adelante y aunque no hay tratado de extradición entre México e Israel, ambos países están obligados a actuar como si existiera, tratándose de un crimen de ese orden, «de esa naturaleza que va en contra de los derechos humanos».
Sedena contribuye al esclarecimiento del caso
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo, por su parte, que la dependencia a su cargo contribuye al esclarecimiento de los hechos al proporcionar la información requerida tanto a los investigadores como a los padres de las víctimas.
El general informó que la Sedena se reunirá con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para proporcionarles la información necesaria en la investigación de los hechos, «de tal manera que no se tenga la percepción de que se están ocultando cosas».
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Por lo que se le acusa
De acuerdo con la Fiscalía, Tomás Zerón cuenta con ficha roja emitida por la Interpol para localizarlo y extraditarlo a México. Huyó del país por ser señalado como uno de los principales actores en la hipótesis de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula; no obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI y los mismos familiares de las víctimas, contradicen la versión al indicar que los cuerpos no pudieron quemarse en aquel sitio.
A Zerón se le acusa de manipular pruebas, modificar la escena del crimen y torturar a las personas para obtener testimonios.
