Después de apelar en contra de la construcción del Tren Maya, pueblos originarios del sureste de México obtuvieron un recurso legal para frenar las obras de manera provisional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que no hubo información suficiente sobre el proyecto del gobierno federal.
Los habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal promovieron un juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al argumentar que, pese a la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las autoridades decidieron comenzar la obra.
Lo que se demanda
En el boletín, firmado por CEJIL, Kanan Derechos Humanos y Múuch´Xiinbal, se lee lo siguiente:
«Las quejosas (demandantes) decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, porque esta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental».
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Según las organizaciones en desacuerdo, la Semarnat otorgó la aprobación medioambiental, aun cuando sabían que la información en la consulta pública con las comunidades no era suficiente:
«Ambas autoridades (Semarnat y Fonatur) fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta».
CEJIL
Las polémicas del Tren Maya
Si bien el Tren Maya es uno de los grandes proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las quejas en su contra comenzaron desde que dio inicio la obra en junio pasado, pues grupos ambientalistas y pueblos originarios apelan a que su construcción afectará no sólo a la naturaleza, sino al patrimonio y cultura de la región.
En diciembre pasado, pueblos indígenas obtuvieron un recurso legal por el que se frenaron las obras del segundo tramo del ferrocarril, con ruta de Escárcega a Calkini, en Campeche. Ante esto, Fonatur, encargado del proyecto, argumentó que obtuvo un aval medioambiental para construir los tres primeros tramos; sin embargo, la aprobación depende directamente de la Semarnat, que es una institución de gobierno.
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Por el momento, las obras deberán frenarse, aunque el Poder Judicial determinará si otorga una suspensión definitiva y si falla a favor de las organizaciones demandantes en el juicio de amparo.
