La gran mayoría de fabricantes de autos y autoridades están apostando por que el futuro de la industria es el auto eléctrico. Sin embargo, hay aún muchos que no comparten esa idea. Gill Pratt, jefe científico de Toyota aseguraba a Automotive News que:
«el tiempo está de nuestro lado. Esta escasez, no sólo de materiales para baterías, sino también de infraestructura de recarga, dejará muy claro que no hay una solución única para todos, y que la mejor respuesta es, en realidad, una mezcla de distintos tipos de vehículos».
Cuando mencionaba de que no hay «una solución única», Pratt dirigía sus críticas contra aquellas políticas que aspiran a imponer el coche eléctrico por encima de cualquier otra opción. Aunque no se dice literalmente así en ninguna normativa, en la práctica, la Unión Europea ha decidido que sus vehículos, en el futuro a medio y largo plazo, sean eléctricos.
No es solo una cuestión de prohibir la venta de vehículos movidos por un motor de combustión a partir de 2035 (siempre que no sean «neutros en carbono»), en 2030, las emisiones deberían reducirse un 55% y la nueva normativa Euro 7 empuja a que los vehículos estén altamente electrificados si quieren cumplir los nuevos límites. De hecho, se llegará a vigilar hasta las emisiones contaminantes de los frenos.
Opiniones diferentes para el mismo problema
La del jefe de ciencia de Toyota no es la única voz que se ha alzado contraria a la Unión Europea en su camino por imponer el coche eléctrico en un plazo de tiempo que, algunos fabricantes, consideran extremadamente corto. Akio Toyoda, el CEO del fabricante japonés desde 2009 que dejará la firma este mes de abril, ha sido uno de los abanderados en su carrera contra el coche eléctrico como «solución única».
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Los movimientos de Toyota en favor del uso del hidrógeno, bien como pila de combustible o bien quemándolo en motores de combustión, son buenas muestras de los intereses del fabricante por ir con pies de plomo en el salto al coche eléctrico.
Estas decisiones contrarias a la adopción del coche eléctrico no son las únicas que hemos ido encontrando en los últimos meses. Olivier Zipse, CEO de BMW, ha dejado claro que se encuentra en la misa corriente de pensamiento que Toyoda. Hace un año, el máximo mandatario de la firma germana aseguraba que «si usted ya no vende motores de combustión, alguien sí lo hará«.
Las declaraciones coincidían con la confirmación por parte de la marca de que seguirá desarrollando motores de combustión de seis y ocho cilindros. «No obligaremos a nuestros clientes a elegir entre lo nuevo y lo supuestamente antiguo», confirmaba Frank Weber, miembro de la junta de desarrollo de BMW, en una entrevista realizada por Auto Motor und Sport.
«Solo con el motor de seis cilindros, estamos reduciendo más que nunca las emisiones de CO2 con un cambio de generación», recalcaba el directivo de BMW en unos días en los que los anuncios de BMW se centraban en los nuevos BMW iX e i4.
Declaraciones que sorprenden en un contexto donde la mayor parte de los directivos se reservan su opinión sobre los coches eléctricos, según Toyoda: «Las personas implicadas en la industria automovilística constituyen en gran medida una mayoría silenciosa. Esa mayoría silenciosa se pregunta si los coches eléctricos están realmente bien como opción única, pero, como creen que es la tendencia, no pueden pronunciarse en voz alta».
El otro gran argumento de los contrarios al vehículo a pilas como única opción han esgrimido el coste para el cliente que busque un coche nuevo.
«Lo que se ha decidido es imponer a la industria del automóvil una electrificación que conlleva un 50% de costes adicionales frente a un vehículo convencional. No hay forma de trasladar el 50% de los costes adicionales al consumidor final porque la mayor parte de la clase media no podrá pagarlos», apuntaba Carlos Tavares a Reuters a finales de 2021.
Algo similar es lo que ha asegurado el nuevo presidente de ACEA, Luca de Meo (también CEO de Renault), quien ha avisado de que si los fabricantes pagan 1,000 euros más de coste por vehículo, el conductor tendrá que soportar un sobrecoste de 2,000 euros.