En Chile, 111 mujeres denunciaron embarazos no deseados luego de usar anticonceptivos defectuosos debido a la negligencia en el sistema de salud.
Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), alertó que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas repartidos en centros de salud públicos, estaba defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Sin embargo, una semana después de retirarlo, la institución permitió nuevamente la distribución de una de las marcas, Anulette CD, argumentando que las fallas eran visualmente detectables.
Fuentes del ISP consultadas por la agencia EFE, afirmaron que la institución sigue estudiando su posición y responsabilidad en el caso.
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Testimonios de las afectadas
Estefany Cavieres tiene 28 años y conoce bien los síntomas del embarazo, por es cuando los sintió no dudó que era una de las 111 chilenas que quedaron embarazadas por culpa de los anticonceptivos defectuosos.
“Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme que había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y que me quedé tranquila” aplica Estefany, quien llevaba tres meses usando ese tratamiento de planificación familiar.
No obstante, pronto confirmó sus sospechas, una negligencia farmacológica truncó sus planes de vida. Quería estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su pequeña hija de tres años que tiene problemas de salud.
“El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada” agregó Cavieres que debido a una fuerte depresión sufrió un aborto involuntario.
En tanto, Valentina Donoso de 21 años, esta embarazada de 6 meses y medio, a pesar de que se cuidaba con Anulette CD, el anticonceptivo distribuido en numerosos centros de salud públicos de Chile, en los que miles de mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos reciben atención médica.
“No tengo nada que ofrecer a mi bebé. Mirarme al espejo es duro, me veo la guata (barriga) y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no” explicó Valentina quien tuvo que suspender sus planes para estudiar la universidad.
Además, la joven Donoso solo cuenta con el apoyo económico de sus padres y vive en una comuna vulnerable al sur de Santiago, la capital. “Yo quería ser madre, pero más adelante en mi vida. Quería tener un trabajo y una casa antes de esto. Quería tener un futuro” expresó.

Bárbara Vásquez tiene 20 años y también corre el riesgo de que sus estudios como técnico en educación infantil se trunquen debido al embarazo no deseado.
“Yo no tengo trabajo ni nada estable que ofrecerle a mi bebé, necesitamos una compensación económica. Para mi familia ese gasto es demasiado” dijo la estudiante que reside en Ñuble, una región al centro de Chile.
Soledad Castillo, una trabajadora municipal de 35 años, está en su quinto mes de gestación no deseada. “A mí me llamó mi matrona para decirme que dejara de tomar Anulette y me advirtió que me comprara por mi cuenta otros anticonceptivos. No supimos nada más”.
Sin posibilidad de abortar
Al igual que a otras mujeres afectadas, a Valentina Donoso le negaron el derecho a abortar debido a que la negligencia farmacológica no entra dentro de ninguna de las tres causas por las que se permite abortar en Chile, que son: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.
Para Estefany Molina, abogada de Women’s Link Worldwide, plataforma que llevó el caso a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas.
Molina explica que en primera, no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar, en segunda no se permitió que estas mujeres abortaran y finalmente tampoco se les ofreció protección a las que no cuentan con los recursos suficientes.
“Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto” sentenció.
El aborto legal es una reivindicación de lo colectivos feministas de América Latina, en donde solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, permiten la interrupción libre y voluntaria del embarazo.
A pesar de que en Chile el veto total contra el aborto se levantó en 2017, son cada vez más las organizaciones que reclaman que se despenalice más allá de las tres causas permitidas, debate que esta en discusión actualmente en el Congreso.
“No puede ser que la mitad de la población en Chile quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos” concluyó la abogada Molina.