Gobierno de EPN archivó denuncia por Pegasus; FGR apenas indaga

La Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto archivó una denuncia en 2018 para indagar a funcionarios implicados en la adquisición del software Pegasus, mientras la Fiscalía General de la República anunció este martes que apenas investiga el espionaje telefónico exhibido por medios internacionales.

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Según la FGR, indaga el espionaje telefónico llevado a cabo por el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el programa Pegasus después de confirmar que el teléfono del excomisonado nacional de Seguridad Manuel Mondragón fue intervenido mediante esta tecnología.

En un comunicado, la FGR dijo que “ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió” con la empresa mexicana KBH TRACK el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel.

Gracias a la colaboración de la periodista Carmen Aristegui, la Fiscalía concluyó que la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus, utilizaba dicha compañía mexicana para “el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente”.

“Lo que sí se puede ya afirmar en forma definitiva es que, en el caso de quien entonces era comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, su teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones”, dijo la Fiscalía.

Actualmente, está en espera de que varios denunciantes aporten sus teléfonos móviles para que se pueda extraer “la información correspondiente para efectos de judicialización”.

También se ha ordenado al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que resguarde “toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes”.

“Se ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva”, dijo el Ministerio Público.

El reportaje de medios internacionales

El pasado domingo, una investigación de un consorcio de medios internacionales destapó que Gobiernos de varios países espiaron 50.000 teléfonos mediante el programa Pegasus, de los cuales 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas, del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Peña Nieto negó “categóricamente” en 2017 espiar a periodistas y activistas tras un reportaje que reveló que su Gobierno había intervenido el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, entre otros.

En su rueda de prensa matutina, López Obrador dijo este martes que en su Gobierno ya “no se espía a nadie” y descartó tomar medidas judiciales contra quienes lo espiaron.

Carpetazo en gobierno de EPN

El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aseguró de allanar la impunidad de sus funcionarios implicados en la contratación y operación de Pegasus, según publica el diario El País.

A mediados de 2017, después de que estallara el escándalo de espionaje orquestado desde el Gobierno en contra de activistas y periodistas, el órgano interno de Control (OIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia por ese caso y abrió una indagatoria para investigar si existía alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en las contrataciones del programa espía Pegasus.

El expediente quedó a cargo del OIC, la instancia investigadora que en ese tiempo todavía dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP). La investigación no duró mucho. El 21 de marzo de 2018, ocho meses antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto, el área de quejas del OIC emitió un acuerdo mediante el cual se archivaba el caso al no haber mayores elementos para continuar con la indagatoria, se desprende de un oficio entregado a El País a través de la ley de transparencia.

Actualmente, el exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, dos de los funcionarios clave en las contrataciones, están bajo investigación de la Función Pública.

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