ROMA.- Un amplio operativo que se llevó a cabo en todo el territorio italiano contra la ‘ndrangheta’, con la coordinación de la fiscalía distrital (DDA) de Catanzaro (Calabria), terminó con 13 personas encarceladas y 35 bajo arresto domiciliario.

Participaron en la operación «Perfil bajo» 200 hombres y mujeres de la Dirección de Investigación Antimafia y 170 unidades entre la Policía de Estado, Carabineros y Guardia de Finanzas (policia financiero), con apoyo de unidades cinófilas y un helicóptero.

Exeurodiputado acusado

El referente de la Unión de Centro (UdC), Lorenzo Cesa, fue acusado de asociación para delinquir agravada por modalidad mafiosa.

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En particular Cesa, que en la época de los hechos (2017) era eurodiputado por la UdC, en combinación con Francesco Talarico -asesor regional también detenido y entonces secretario regional de la UdC de Calabria- habría ayudado a dos empresarios, al parecer vinculados con células de la ‘ndrangheta, a obtener diversas licitaciones.

Los dos políticos, afirma la acusación, «habrían garantizado interceder» para lograr ese objetivo y Cesa, especialmente, «se comprometía a apoyarlos» para lograr licitaciones.

«Recibí una notificación sobre hechos que se remontan a 2017. Me considero totalmente ajeno, pedirá que me escuchen cuanto antes en la fiscalía competente, a través de mis abogados», dijo Cesa.

Respaldo de senadores

Los senadores de la UdC, por su parte, manifestaron pleno respaldo con su dirigente, que renunció a su cargo como secretario general del partido «con efecto inmediato».

También se libró una sanción contra el escribano Rocco Guglielmo, de 58 años y de Catanzaro, uno de los más conocidos y activos escribanos calabreses.

El operativo involucra a los mayores exponentes de las células mafiosas de Crotone, Isola Capo Rizzuto y Cutro, come «Bonaventura» «Aracri», «Arena» y «Grande Aracri», así como empresarios relevantes y exponentes de la administración pública.

Más de 300 millones de euros

El movimiento ilícito de dinero por un valor de más de 300 millones de euros se averiguó en el curso de una investigación.

La fiscalía de Catanzaro, por su parte, dispuso el secuestro de numerosos bienes en relación con lo actuado.

La investigación gira en torno al empresario Antonio Gallo, alias «El príncipe». Un emprendedor, dicen los investigadores, capaz de relacionarse con los principales miembros de cada grupo mafioso de Calabria no en un sentido ocasional e intermitente, sino en un sentido orgánico y continuo.

Facturas, el nuevo «oro» para la mafia

La investigación reveló que el nuevo «oro» de las organizaciones criminales son facturas por operaciones inexistentes, un «commodity» que ahora es muy buscado y «traficado» por los beneficios que puede determinar para los empresarios deshonestos y para las empresas que administran o funcionan en la ‘ndrangheta.

El sector predilecto de esta red criminal fue el de servicios y suministro de equipos de protección personal, máscaras, cascos, guantes. Gallo, según la acusación, también habría podido, gracias a una densa red de relaciones, trastornar una serie de licitaciones anunciadas entre 2017 y 2018. Se estima que se trata de contratos por un valor total superior a 107 millones de euros. Las investigaciones también establecieron la complicidad de los funcionarios públicos: gerentes, gerentes y funcionarios de la oficina de adquisiciones y contratos y de un miembro de la comisión de procedimientos de adquisiciones.

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