INAI impugnará ante SCJN entrega de datos biométricos

El órgano autónomo exigirá respeto al contenido y alcance de dos derechos humanos: derecho de acceso a la información y la protección de datos personales

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó este martes, por unanimidad, emitir una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la entrega de datos biométricos.

La medida, aprobada por el Senado, exige, además, proporcionar una serie de información personal de todos los usuarios de telefonía móvil.

«Con la aprobación de este acuerdo, el INAI ejercitará una función que le fue conferida a efecto de exigir el respeto al contenido y alcance de dos derechos humanos, como son el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales»

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta INAI

Rechazan PRD y Movimiento Ciudadano creación del Padrón Nacional de Usuarios  de Telefonía Móvil | Aristegui Noticias

No es la idónea

La comisionada Julieta del Río señaló que está consciente de la constitucionalidad de la ley y del fin que persigue: facilitar la persecución de delitos; sin embargo, la medida de entregar datos personales «podría no ser idónea».

Para el comisionado Adrián Alcalá, la resolución del Senado acerca de entregar los datos biométricos «no es un tema menor».

«Es la protección de datos personales de millones de personas en México, de tus datos, de mis datos y de todos los que queremos y necesitamos contar con un teléfono celular»

Adrián Alcalá, comisionado INAI

Asimismo, Alcalá enfatizó en la falta de claridad de la reforma, pues, dijo, no existe una precisión en qué datos se deberán entregar para la integración del padrón y el procedimiento para acceder a ellos, de manera que esto vulnera el principio de certeza jurídica.

El padrón y su contenido

De acuerdo con lo que las cámaras de Diputados y Senadores argumentaron, el padrón de usuarios de telefonía móvil se decretó para proteger a los ciudadanos de diversos delitos que, en muchos casos, se cometen desde las cárceles, donde ingresan móviles de manera clandestina.

De forma concreta, el dictamen se define del siguiente modo: «Es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuente con números del Plan Técnico Fundamental de Numeración».

De esta manera, el padrón está conformado por 10 datos, entre éstos: número de línea telefónica móvil; fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida con la tarjeta SIM; nombre completo, o en su caso, denominación o razón social del usuario; nacionalidad; número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea.

Además de lo anterior, se exigirán los datos biométricos, del usuario o representante legal, si es persona moral: domicilio del usuario; datos del concesionario de telecomunicaciones, o en su caso, de los autorizados; esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea postpago o prepago.

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¿Decreto fallido?

El decreto, que forma parte de las diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,  fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de abril y aunque entró en vigor la semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aún no emite su regulación.

Una vez que el IFT haga lo propio e indique de qué manera funcionará el padrón, las compañías telefónicas iniciarán la exigencia de recabar datos de los usuarios móviles; no obstante, el organismo atraviesa por problemas económicos para iniciar la organización del citado registro.

Por otro lado, los especialistas, desde el inicio, criticaron la nueva medida, incluso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)recordó que este intento ya se hizo en tiempos pasados y fue un fracaso rotundo.

«El padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), un programa fallido creado en 2008 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón»

Red en Defensa de los Derechos Digitales