INAI prepara controversia constitucional contra “decretazo”

Presidencia emite decreto para declarar como de “seguridad nacional” proyectos y obras a cargo de México, como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) anunció que alista una controversia constitucional en contra del acuerdo promovido por el presidente López Obrador, donde se busca que las obras sexenales como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas sean catalogadas como asunto de seguridad nacional.

A través de un comunicado, el INAI precisó que está en contra de que los proyectos de infraestructura sean considerados como de interés público y seguridad nacional, tal como se anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado lunes 22 de noviembre.

En una sesión del pleno del INAI se advirtió acerca de una posible transgresión al artículo sexto constitucional, ya que un asunto de seguridad nacional refiere a la reserva de la información. Además, señalan que los sujetos implicados vulnerarían el derecho a la información.

A partir de este martes 23 de noviembre, el INAI cuenta con 30 días hábiles para presentar su controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras tanto decidirá los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.

EL CONTEXTO

La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.

Según el decreto publicado en el DOF, la realización de proyectos y obras declarados de interés público y seguridad nacional abarcan los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

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Es decir, este decreto involucra las mega obras impulsadas por este gobierno: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Corredor Transístmico, entre otras.

El decreto tiene el objetivo la expedición fast track, en máximo cinco días hábiles, de permisos y licencias para las obras.

Por lo anterior, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

La decisión se toma con el fin de que “la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”, señala el documento.

Con la clasificación de “seguridad nacional” la información relativa a contratos, empresas participantes en licitaciones, permisos, dictámenes, puede reservarse por tiempo indefinido, pues el acuerdo no establece temporalidad para la clasificación.

LAS CRÍTICAS Y ALERTAS

El INAI alertó que el decreto que cataloga de “seguridad nacional” todas las obras de infraestructura del gobierno federal vulneraría el derecho de acceso a la información.

En un comunicado, el organismo advirtió que las dependencias podrían alegar “seguridad nacional” para reservar la información relacionada con los proyectos y obras del gobierno.

Por ello, dijo que ya analiza los alcances del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

“Las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, indicó.

Otra de las críticas que resalta es la del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, quien advirtió que el decreto presidencial “es evidentemente inconstitucional”.

En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), aseguró en la misma red social que el decreto era «increíble».

«Prácticamente con esto el Gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador», precisó.

Pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas cuestionan que el Gobierno priorice los megaproyectos del presidente López Obrador.

Tan solo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76% del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de la asociación «México, ¿Cómo Vamos?». No obstante, López Obrador, indicó que las cuatro obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearon en 2020 al menos unos 150,000 empleos.

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