El pasado viernes 20 de enero, en sesión ordinaria, el órgano electoral informó que la Junta General Ejecutiva aprobó, por unanimidad, medidas presupuestarias que le permitirán al Instituto generar ahorros de 223.3 millones de pesos, a fin de contar con recursos para organizar la elección extraordinaria de una senaduría de Tamaulipas y “cubrir la insuficiencia presupuestaria”.
En su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el Consejo General mandato a la Junta General Ejecutiva definir a partir de las medidas de racionalidad y metas de ahorro, un monto que le permitiera subsanar el déficit, producto del recorte de 4 mil 475 millones de pesos que aplicó la Cámara baja al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto para el ejercicio 2023.
La diferencia entre el presupuesto que solicitó el INE y lo que se aprobó en San Lázaro implicaba un déficit de 537 millones de pesos, cifra que fue ajustada por el Consejo General cancelando una serie de proyectos, como la construcción de dos edificios de las Juntas Locales de Querétaro y Colima, por un monto de 314 millones de pesos.
Por ello, Córdova Vianello recordó que en la sesión del 14 de diciembre del año pasado el Consejo General del INE estableció una meta de ahorro de 223.3 millones de pesos.
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“En este momento veo difícil que estemos en condiciones de tener una visualización al respecto y, sobre todo, porque en septiembre próximo iniciará el proceso electoral 2023-2024 y con las tasas de inflación que han corrido en los últimos años y previstas para éste, yo diría que habría que ser muy cuidadosos con las metas de ahorro para poderlas cumplir en primera instancia y, sobre todo, para poder cumplir con las obligaciones que tiene esta institución en la organización de elecciones”, fundamentó el secretario.
Tras la aprobación del plan B de la iniciativa electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Lorenzo Córdova advirtió que la reforma a seis ordenamientos legales no sólo es inconstitucional, sino que “erosiona cinco grandes pilares democráticos” que ponen en riesgo la capacidad operativa del INE en la organización de elecciones libres y, por tanto, “la estabilidad política y la gobernabilidad democrática”.
