Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció un ajuste a lo destinado para el proceso de revocación de mandato, debido a la reducción del presupuesto que recibió el órgano electoral para el ejercicio fiscal 2022.
Anunció que el INE tiene la necesidad de realizar ajustes por medio de los órganos competentes a causa del presupuesto asignado. Todo esto para cumplir con las funciones y actividades esenciales del instituto, además de revisar los proyectos susceptibles a modificación.
Declaró que, por la magnitud del recorte, que es de 4 mil 900 millones de pesos, el INE ha hecho una revisión de sus prioridades y posibilidades para disponer de recursos. Aunado a esto, agregó que las modificaciones tienen que ser presentadas ante la Junta General Ejecutiva.
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El instituto se ha dado a la tarea de revisar los proyectos institucionales susceptibles de modificación y algunos otros rubros en los que pudiera haber una modificación de costos a fin de aproximarse, en lo posible, a las necesidades de estos gastos”, declaró Rivera Velázquez.
Cuando la Junta General Ejecutiva apruebe la modificación, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, tendrá que llevar este presupuesto ajustado ante el Consejo General del INE. Reiteró que el INE sí había previsto en su Proyecto de Presupuesto la eventual consulta de revocación de mandato.
Declaró que el pasado 30 de noviembre venció el plazo para solicitar una consulta popular, por lo que no habrá un ejercicio de esta naturaleza y “se eliminan estos recursos que habían sido solicitados de manera precautoria en caso de que se llevara a cabo”.
Respecto a la revocación de mandato, el INE anunció que faltan 2 mil 554 millones de pesos y que los ajustes propuestos “no son suficientes para cubrir el déficit causado en el recorte (presupuestal)”, aclaró Rivera Velázquez, durante su intervención en la Comisión Temporal de Presupuesto del INE.
«El INE quiere cumplir con este ejercicio de participación ciudadana si se cumplen los requisitos y, por ello, ha hecho este esfuerzo de ajuste presupuestal para liberar recursos que podrían destinarse a este objetivo”, declaró el consejero.
En resumen y según lo proyectado por el INE, la revocación de mandato recibiría mil 275 millones de pesos, en lugar de los 3 mil 830 millones de pesos que recibiría. El presupuesto base se quedaría en 150.7 millones de pesos, mientras que la cartera institucional de proyectos sería de 294.7 millones de pesos.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
Esto, señaló el instituto, ante el recorte por 4 mil 913 millones de pesos aplicado al presupuesto originalmente solicitado.
Dicho recorte, dijo el INE mediante un comunicado, pone el peligro la realización de la Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.
“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral”, expresó.
El instituto aseguró que la elaboración de su presupuesto para el año 2022 incluyó un monto precautorio tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.
“Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar”.
“Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”, apuntó.
