La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B de la Reforma Electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y concedió la suspensión que solicitaron.
El Ministro Poniente Javier Laynez Potisek admitió el día 24 de marzo del 2023 la demanda de Controversial Constitucional que interpuso el INE contra “el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Material Electoral”.
Del mismo modo, el Ministro pidió al Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal su contestación dentro del plazo que marca la ley, para que sus posturas atraviesen por un análisis y se busque una solución.
También, el Ministro Instructor argumentó que concedió la suspensión de todos los artículos impugnados para que la situación “se mantenga en el estado en la que hoy se encuentra”
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Esta suspensión impide que se modifique la forma en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) se organiza, y por tanto quedan anulados los despidos de técnicos, ejecutivos, del área de vigilancia y de dirección.
Presidencia anunció que impugnará y pedirá se revoque la suspensión
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) cuestionó la suspensión que el ministro Javier Laynez Potisek otorgó al Instituto Nacional Electoral en contra del segundo paquete de reformas, y advirtió que promoverá una impugnación en contra de esta medida que calificó como una “arbitrariedad” para que la medida cautelar sea revertida.
En un comunicado, la Consejería Jurídica advirtió que el ministro suspendió la aplicación de la totalidad del decreto aun cuando el INE no lo solicitó de esa forma, pues su controversia constitucional fue solo en contra de algunas de las normas.
De acuerdo con la Presidencia, el ministro de la Suprema Corte tomó decisiones “inusuales” al admitir a trámite la demanda del órgano electoral, pues, en primera instancia, indicó, la Constitución no permite la admisión de una controversia constitucional.
