Un juez federal absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014, al señalar que no existen las pruebas suficientes en su contra que lo responsabilicen en el caso.
La sentencia absolutoria la dictó el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas.
Sin embargo, eso no quiere decir que obtenga su libertad de manera inmediata, pues la Fiscalía General de la República (FGR) podría apelar la sentencia ante un Tribunal Unitario de Circuito. Es por ello que el exalcalde de Iguala permanecerá en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, donde lo recluyeron hace ocho años.
Además de la causa penal por secuestro y delincuencia organizada, Abarca Velázquez cuenta con otros tres procesos en curso. Uno de ellos es por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y Justino Carbajal Salgado, desaparecidos el 30 de mayo de 2013.
Los otros dos procesos refieren a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el grupo criminal Guerreros Unidos -al cual también vinculan con la desaparición de los normalistas-, así como por lavado de dinero, según reportó Reforma.
José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014. Luego de los hechos ocurridos con los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el exedil permaneció prófugo junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por un mes y medio, aproximadamente.
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Sin embargo, detuvieron a ambos el 4 de noviembre de 2014, cuando se encontraban resguardados en un domicilio ubicado en Iztapalapa del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Trasladaron a Abarca al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Edomex.
En diciembre de 2020 un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, aunque los delitos fueron por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe mencionar que a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda los nombraron en la reunión del 7 de octubre del 2014 en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, en la que participaron 18 funcionarios y donde se presume se comenzó a fraguar la llamada “Verdad Histórica”.
En aquella ocasión los mencionaron por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos, grupo criminal que, junto Abarca, habrían dado la orden para supuestamente desaparecer a los normalistas.
El pasado mes de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe con las diferencias entre la “verdad histórica” y los resultados obtenidos por la Comisión de Ayotzinapa, luego de que detuvieran a Jesús Murillo Karam, titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Así en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, identificaorn a José Luis Abarca como “A1″, quien habría ordenado el ataque contra los estudiantes.
“Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas.
