Después de que se diera a conocer el acuerdo del gobierno de la Ciudad de México con Airbnb para promocionar el «turismo creativo» en la capital del país, diferentes colectivos en defensa por el derecho a la vivienda salieron a manifestarse frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Entre algunas de sus exigencias se encontraron elaborar un plan estratégico que contemple el derecho a garantizar una vivienda adecuada y asequible, aprobar una Ley Inquilinaria, hacer público el acuerdo con la UNESCO y Airbnb, así como suspender cualquier avance de dicha alianza.
De acuerdo con Máximo Jaramillo, uno de los integrantes del colectivo Gatitos contra la desigualdad, en la actualidad la capital mexicana enfrenta un proceso de financiarización en el cual las viviendas ya no son consideradas como un lugar para existir, sino que son vistas como activos financieros. Los empresarios, al guiarse por la «oferta y la demanda» crean una burbuja inmobiliaria donde los más afectados son los jóvenes, las personas indígenas y población de la tercera edad.
Así mismo, en el comunicado, se manifestó que desde el 2005 la renta de las viviendas ha incrementado en un 235%, cifra muy superior al porcentaje de inflación que es del 64%. Este aumento se ha presentado en toda la ciudad, pues actualmente los inmuebles de la Zona del Valle de México cuestan en promedio más de tres millones de pesos, cantidad que sólo puede ser pagada por el 4.7% de la población, según los datos presentados por el colectivo.
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Este problema no es sólo es una cuestión de la CDMX, pues lugares como Tijuana, Monterrey, Yucatán, Oaxaca, y Estado de México también sufren las consecuencias de la turistificación, la gentrificación, la burbuja inmobiliaria, así como los despojos de sus hogares y tierras.