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La situación en Perú: oscura relación entre el congreso y el presidente

Desde 2016, el país andino vive una eterna crisis política entre el parlamento y el presidente en turno, que buscan eliminarse mutuamente

Pedro Castillo disolvió el miércoles 7 de diciembre el Congreso de Perú, e instaló un Gobierno de emergencia cuando los legisladores planeaban votar su destitución. Pero el parlamento peruano respondió casi inmediatamente. En menos de una hora de de haber dado su anuncio, Castillo fue destituido por el Congreso y minutos después fue detenido.

Pedro Castillo es el primer presidente de origen rural en 200 años de república de Perú, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de Gobierno.

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En el 2020, El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra por supuesta recepción de sobornos. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y su gobierno se caracterizó por estar enfocado a sortear la pandemia mundial de Covid-19, y tras nueve meses entregó el puesto a Pedro Castillo.

Castillo prometió luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.

La frase “no más pobres en un país rico” —que permitió a Castillo ganar por apenas 44 mil votos a Keiko Fujimori, hija del único exmandatario peruano preso por asesinato y corrupción— está escrita en un muro a la entrada del pueblo de Tupe, pero ha comenzado a borrarse tras un año, igual que la popularidad del mandatario, que en 11 meses bajó de 38 a 19 por ciento, según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos.

La inestabilidad política de Perú se ve reflejada en que en los últimos 22 años, ha tenido 10 presidentes.

Pedro Castillo Terrones (28.07.2021 – 28.07.2026)

Castillo, que fue maestro de escuela y dirigente del sindicato de trabajadores de la educación, se impuso en segunda vuelta electoral como candidato del partido Perú Libre. Tras un fallido golpe de Estado, fue destituido y detenido. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia de Perú.

Presidente por sucesión: Francisco Rafael Sagasti Hochhausler (17.11.2020 – 28.07.2021)

Luego de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia, y las protestas de 2020, el 16 de noviembre de 2020 Sagasti fue elegido presidente del Congreso de la República del Perú​ y seguidamente asumió la presidencia de la República​ por sucesión constitucional.

Presidente por sucesión: Manuel Arturo Merino De Lama (10.11.2020 – 15.11.2020)

Merino llegó al poder de la misma manera que Martín Vizcarra, quien asumió luego de que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, enfrentara dos pedidos de vacancia (destitución) y renunciara ante la inminencia de que se concretara la segunda. El político presentó su renuncia a la presidencia del Perú luego de masivas protestas que culminaron con la muerte de dos jóvenes y la renuncia de la mayoría del gabinete ministerial peruano.

Presidente por sucesión: Martín Alberto Vizcarra Cornejo (23.03.2018 – 09.11.2020)

Fue presidente del Perú tras aceptarse la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski de cuyo gobierno había sido primer vicepresidente.​ Asumió su mandato en la sede del Congreso de la República el 23 de marzo de 2018 y gobernó hasta el 9 de noviembre del 2020 cuando el Parlamento declaró su «permanente incapacidad moral».

Pedro Pablo Kuczynski Godard (28.07.2016 – 23.03.2018)

El escándalo generado por los kenjivideos lo llevó a renunciar a la presidencia el 21 de marzo de 2018

Ollanta Moisés Humala Tasso (28.07.2011 – 28.07.2016)

El 13 de julio de 2017, fue recluido de forma preventiva en el penal Barbadillo luego de haberse entregado voluntariamente, acusado presuntamente de lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir.

Alan García Pérez (28.07.2006 – 28.07.2011)

El 17 de abril de 2019, García se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para detenerlo preliminarmente por asuntos relacionados al caso Odebrecht.

Alejandro Toledo Manrique (28.07.2001 – 28.07.2006)

Durante su mandato, Toledo sufrió una crisis de gobernabilidad, escándalos en su vida personal y denuncias de corrupción contra su entorno, signos que golpearon su popularidad hasta caer a un 8% de aprobación por la ciudadanía.

Valentín Paniagua Corazao (22.11.2000 – 28.08.2001)

Fue Presidente Transitorio del Perú tras la renuncia de Alberto Fujimori desde el 22 de noviembre de 2000 hasta el 28 de julio de 2001, fecha en la cual entregó el mando al presidente electo, Alejandro Toledo.

Alberto Fujimori Fujimori (28.07.2000 – 21.11.2000)

Actualmente se encuentra en prisión en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, Lima, tras ser condenado por diversos delitos, entre ellos los de crímenes de corrupción, peculado y usurpación de funciones. ​La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) clasificó los hechos cometidos por el ex mandatario, referidos a la masacre de La Cantuta, como graves violaciones a los derechos humanos.

Con estos antecedentes, tal parece que la inestabilidad del gobierno se debiera completamente a sus presidentes. Pero existe otro factor que propicia esto: el congreso.

El 7 de diciembre, el presidente peruano Castillo fue derrocado inmediatamente después de que decidiera dar un autogolpe procediendo a disolver el Congreso. Las acciones del entonces presidente tomaron lugar en respuesta a una medida del Congreso de iniciar un juicio político a Castillo luego de que el Departamento de Justicia de Perú lo acusara de ser el líder de una organización criminal involucrada en actividades ilegales. La ley peruana exige que cuando el fiscal general presenta una acusación de este tipo contra un alto funcionario, debe pasar por el Congreso antes de que comience el enjuiciamiento.

A partir de que Castillo asumió las riendas del gobierno en julio de 2021, el país ha enfrentado una gran inestabilidad política y falta de rumbo. En este último año y medio, el presidente cambió de gabinete cinco veces y cerca de 80 ministros.

La elección de misistros de Castillo fue bastante cuestionada. Primero, nombró jefe de gabinete a Guido Bellido, un hombre que admira al régimen cubano e incluso llegó a justificar al grupo terrorista peruano Sendero Luminoso. Sus propios aliados estaban preocupados por la posibilidad de que Perú adoptara el modelo venezolano. Bellido terminó renunciando por una investigación de corrupción en su contra.

Posteriormente, Héctor Valer, un ex congresista con pasadas asociaciones con la extrema derecha fue designado para encabezar el Consejo de ministros. El nombramiento de Valer generó protestas de diversos sectores políticos y sociales. El Congreso dejó en claro que no aprobaría tal nombramiento.

Varios ministros en el gabinete de Castillo renunciaron luego de denunciar corrupción en los niveles más altos del estado alegando que el presidente permitió que eso sucediera. Los aliados acérrimos del presidente lo abandonaron.

Obviamente Castillo era un personaje errático sin ninguna visión ni dirección clara. La corrupción y la anarquía caracterizaron su gobierno. No solo les disgustaba a sus adversarios, sino que incluso algunos de sus propios aliados clave se sintieron frustrados y lo abandonaron.

Pese a esto, se registraron de inmediato protestas masivas en varias regiones del país donde hubo violencia y muertos. Esas protestas exigían la renuncia de la recién juramentada vicepresidenta, Dina Boularte, y la restitución de Castillo a la presidencia. Esto resume a grandes rasgos todo lo que ha ocurrido durante las protestas sobre todo en la zona sur del Perú, donde la zona rural, de donde proviene Castillo, exige la liberación del expresidente.

Es cierto que Castillo actuó de manera autoritaria y bien puede ser cierto que todos los cargos y acusaciones en su contra estén justificados. Algunos hasta pueden sentirse aliviados de que Perú haya quedado fuera de la marea roja regional.

Pero, lo que realmente significa esta situación es que la corrupción y la deshonestidad es lo que caracteriza a la clase política del país. Si tal tendencia se aplica a tantos presidentes, obviamente indica que este es un problema que afecta a toda la clase política, incluido el mismo Congreso.

De hecho, encuestas recientes muestran que el 85% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso. Múltiples miembros del Congreso han sido acusados o son sospechosos de actos ilegales, incluido lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y varios otros actos delictivos.

Para muestra, un botón. En el 2019, el entonces presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones utilizando una disposición de la constitución, luego de que el poder legislativo rechazara en dos ocasiones su propuesta de gabinete. Un año después, el Congreso destituyó a Vizcarra por los mismos motivos que destituyó a Castillo, a saber, “incapacidad moral”. Vizcarra fue acusado de haber cometido actos de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador de la región de Moquegua. Con la vara que midas, serás medido.

En Perú, impugnar a un presidente por cargos de corrupción es constitucional y legítimo. Entonces, como ha señalado el politólogo peruano Alonso Gurmendo “si el Congreso puede destituir al presidente por mayoría de votos sobre la base de un vago concepto de ‘incapacidad moral’, ¿para qué necesitamos una constitución?”.

La acusación pierde su significado por completo y la ley y la constitución se convierten en un asunto político puramente frívolo. Como nos advirtió Alexander Hamilton hace más de dos siglos, el juicio político corre el riesgo de estar determinado más por la fuerza comparativa de las facciones que por consideraciones de inocencia o culpabilidad. Es en este sentido que la estabilidad y la legitimidad del Estado colapsan por completo. Es en este caso que se activa la “razón populista”. La solución se basa en la creencia mesiánica de que un líder fuerte puede restaurar el orden e incluso la representación (¿dónde se ha visto esto?).

De hecho, los peruanos no se sienten debidamente representados por el Congreso, por ende, tienden a depender automáticamente de la presidencia. Así, cada juicio político ha sido percibido como un ataque a la voluntad popular, al hombre común e impotente de la calle. Hay un instinto populista en la sociedad peruana, que probablemente sea alimentado por su rechazo a los políticos, cuya mayoría están en el Congreso.

La disminución del apoyo popular a la clase política conduce automáticamente a las ilusiones populares, a la elección de líderes surgidos de fuera del sistema y, en el peor de los casos, a la elección de líderes populistas autoritarios (otra vez, ¿dónde se ha visto esto?). Así surgieron Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Jair Bolsonaro. También vale la pena resaltar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado abiertamente su apoyo al expresidente Castillo, aún y cuando el parlamento peruano le ha pedido explicaciones de este acto injerencista a sus pares mexicanos.

No se trata simplemente de un acto de un presidente corrupto que merece ser destituido. Ni siquiera se trata de políticas de derecha e izquierda. Es un problema estructural que requiere una reforma que permitan políticas y representación inclusivas, separación de poderes y transparencia.

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