En contexto de la reciente aprobación de la reforma a la ley de instituciones de crédito aprobada por el senado de la república, la cual da la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas bancarias sospechas de delitos fiscales sin orden judicial; el abogado fiscalista González de Araujo afirmó que se intenta justificar la legalidad de esta reforma por temas de convenios internacionales existentes cuya función es la de atacar el lavado de dinero. 

“Incluso lo justifican porque en 2018, la Suprema Corte habla que el bloqueo de cuentas bancarias es constitucional. Sin embargo, dice: las operaciones y servicios bancarios su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales no nacionales” dijo el abogado fiscalista.

Añadió que se vuelve una situación muy complicada debido a una serie de actos administrativos y legislativos por parte de las autoridades federales que ponen en un rincón tanto a culpables como inocentes de algún delito fiscal.

Sobre el cuestionamiento de si esta iniciativa le otorga facultades jurídicas al poder ejecutivo, Arturo González expresó que cuando una unidad administrativa solicita a un juez el bloqueo de una cuenta, se tiene que probar si hay indicios suficientes para actuar o no. Con la reforma a la ley, el poder ejecutivo puede tener vía libre para actuar incluso sin pruebas suficientes. 

“Insisto, tenemos que atacar la evasión y lavado de dinero, sí, pero creo que  es todavía más importante mantener las garantías constitucionales de la persona” afirmó el abogado y agregó que esta reforma “huele” a terrorismo fiscal pues no asegura que se respeten las garantías de los individuos en general. 

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