Niega Puebla intento de privatizar normales; culpa a Ignacio Mier de politizar movimiento

En contraste con las declaraciones vertidas en Cámara de Diputados, enumera un listado de acciones en las que se invirtieron más de 18 millones de pesos entre 2020 y 2021

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Ante las declaraciones emitidas este miércoles 14 de septiembre en la Cámara de Diputados por estudiantes de la Escuela Normal Rural «Carmen Serdán», ubicada en Teteles de Ávila Castillo, el Gobierno del Estado de Puebla informa que los señalamientos emitidos carecen de veracidad y fundamento.

Es importante destacar que el Gobierno del Estado de Puebla, respalda con hechos y convicciones al movimiento normalista mexicano y que el señalamiento en el sentido de que “se pretende privatizar las escuelas normales” es falso y carece de fundamento, puesto que jamás se ha emitido alguna disposición orientada a la privatización de la educación superior en la entidad.

Como muestra de la convicción de este gobierno, damos a conocer hechos que se pueden constatar inmediatamente, durante los años 2020 y 2021 se invirtieron más de 18 millones de pesos, destacando los siguientes rubros:

•             Se logró recuperar, rehabilitar y otorgar servicios a los edificios A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Instalaciones de la normal en mención, abandonadas por las anteriores administraciones estatales.

•             Se pagaron adeudos de años anteriores a la llegada de esta administración, de casi un millón de pesos.

•             Asimismo, se dotó de manera adicional de kits escolares semestrales, acervo bibliográfico, artículos para los dormitorios y demás adquisiciones para el área asistencial.

Es importante señalar, de manera contundente, que no avalamos el maltrato hacia las alumnas y la extorsión sistemática de las cuales son objeto por parte del comité estudiantil, destacando los siguientes hechos irregulares:

•             Les solicitan a las alumnas de nuevo ingreso, más de 2,000.00 pesos para productos de abarrotes y materiales. A pesar de que la Secretaría los proporciona al 100%.

•             Les piden 1,500.00 pesos para uniformes. Aun cuando se les entrega de manera gratuita a cada una de ellas.

•             Solicitan cuotas para la entrega de cobertores y sábanas otorgándolas de manera discrecional a quienes apoyan su movimiento y dejando desprotegidas a las demás estudiantes.

•             Castigan y sancionan al grado de dejar sin comer a sus compañeras.

•             Exigen cuotas sancionando a quienes ellas consideran que no cumplen con su voluntad, fuera de todo reglamento, cuyos montos que van de los 500 a los 800 pesos semanales.

•             Permiten la presencia de estudiantes hombres de otras normales de manera permanente, vulnerado la seguridad e integridad de las estudiantes que viven en el internado.

Reafirmamos nuestro respaldo a la Normal de Teteles, pero siempre con el respeto irrestricto a los derechos de su comunidad estudiantil; expresamos nuestra disposición al diálogo.

El Gobierno del Estado ha mantenido plena disposición para atender a las alumnas, directivos y comunidad educativa de la Normal Rural Carmen Serdán, destacando que sus peticiones han sido atendidas en su totalidad y de manera inmediata; todos los acuerdos dentro de un marco institucional y a partir de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación del Estado de Puebla.

Desde la Secretaría invitamos al Director de Normales del Gobierno Federal, para que en Puebla se instale a la brevedad una mesa de diálogo, con el propósito de investigar de manera objetiva y a fondo, las condiciones reales que imperan en dicha normal.

Hacemos un llamado a Ignacio Mier Velasco que, en su intento perverso de politizar un movimiento estudiantil, pretende inmiscuirse a través de algunas diputadas, a quienes les expresamos nuestro respeto y las invitamos a contribuir constructivamente a la solución del problema. Querer meter las manos de esta manera resulta deleznable.

Reiteramos el compromiso con las grandes transformaciones para Puebla, las cuales pasan obligadamente por los ámbitos educativos y de su incidencia en nuestra sociedad; siempre en esquemas que privilegien la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo los derechos inalienables a las personas y su seguridad humana.

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