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Oposición va contra la Ley de Comunicación

Legisladores de oposición prevén presentar este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad ante las disposiciones contenidas en el Plan B electoral aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso, y que incluye a Ley General de Comunicación Social, por considerar que las finanzas de todos los medios de comunicación del país se verán comprometidas y que se permite que los gobernantes usen recursos públicos para influir en campañas electorales.

La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López informó que será este lunes a las 11:00 horas cuando acudan a la Corte a presentar la acción de inconstitucionalidad, tal como lo advirtieron los senadores de oposición (PAN, PRI, PRD, MC), así como algunos del PT y Morena desde el debate para su aprobación, por considerar que existen inconsistencias constitucionales.

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La Acción de Inconstitucionalidad que promoverán los diputados federales destaca los elementos que generan injerencia y, por tanto, inequidad en las contiendas electorales; entre ellos: otorgar a los gobernantes una operación política que la Constitución prohíbe en sus artículos 41 y 134, toda vez que “permite que los gobernantes usen recursos públicos a su cargo para influir en las campañas electorales”.

Además, elimina la obligación de los servidores públicos y gobernantes de suspender su propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Y reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental, enmarcándola como derecho a la libertad de expresión, permitiendo así que los mandatarios emitan opiniones y comentarios relativos a procesos electorales en curso.

Entre las reformas publicadas el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que “el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”; lo que a decir de los argumentos jurídicos de la Acción “compromete las finanzas de todos los medios de comunicación del país (diarios, radiodifusoras, televisoras, etc.), al disminuir de manera considerable sus ingresos derivados de la publicidad oficial”.

Al respecto, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, dijo que a pesar de las nuevas disposiciones, los estados y municipios pueden disponer libremente de los recursos que ellos mismos generen y que está mandatado en el artículo 115 numeral IV de la Constitución mexicana.

“Todos los recursos propios que genere el municipio como el predial y las participaciones municipales y federales son de libre manejo hacendario, en esto consiste la autonomía. Con fundamento, los municipios pueden otorgar más recursos a campañas de publicidad, y tiene que haber prioridad social por lo que se pueden hacer campañas dirigidas a temas de salud, seguridad, educación, contra el narcomenudeo, contra las adicciones”, declaró a 24 HORAS.

Sobre el tema, la organización Artículo 19, ha señalado que las reformas no cumplen con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, refiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 el recurso es de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, por lo que el tope de publicidad sería de 8 mil 299 millones.

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