Hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de ley para “poner orden” el esquema de subcontratación de trabajadores en México.
De acuerdo con el mandatario, el mecanismo “se echó a perder”, puesto que no respeta los derechos laborales, además de que se usa también para la defraudación fiscal.
Ante esto el Dr. Elías Micha, Director General de TallentiaMX, dijo en entrevista para Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, que la semana pasada se encontraban optimistas por la mesa de diálogo que se instaló con el Presidente de la República, pero ahora todo parece indicar que la iniciativa se aprobará en el Congreso de la Unión la semana que entra.
El outsourcing hay que regularlo no erradicarlo: experto
“Sobre la iniciativa que impulsó el Ejecutivo, pensamos que se iba a flexibilizar la postura, sin embargo nosotros sólo hemos oído de pequeños cambios y esto significaría que van a prohibir la subcontratación. Se hicieron modificaciones que no alteran el núcleo de la propuesta” mencionó el Director de TallentiaMX.
TallentiaMX espera que exista una buena discusión en el Congreso y que no se llegue a la prohibición, ya que México se convertiría en uno de los pocos países del mundo en donde el outsourcing está prohibido, se desincentivaría la inversión y sufrirían grandes consecuencias todos los sectores económicos.
REGULAR ES POSIBLE
Elías Micha recordó que el mismo Presidente dijo que prohibir no es recomendable, que es posible una regulación moderna ya que en este año habrá cerca de 1 millón de empleos formales perdidos, y aproximadamente 3 millones de empleos informales.
De igual manera, resaltó que la subcontratación combate la precarización, aumenta la productividad y reduce la informalidad laboral; también ofrece una fuente de ingreso a sectores vulnerables y la gran incógnita es ¿Qué sucederá con los trabajadores del gobierno que son subcontratados?
Finalmente mencionó que se espera que exista una discusión razonable y que se toque uno de los temas fundamentales que es la fecha de entrar en vigor, puesto que pocos meses es un plazo insuficiente para terminar con un modelo que abraza con un tercio del empleo formal registrado ante el seguro social.
