El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica con el fin de modificar el orden para alimentar el sistema eléctrico.

Esta iniciativa sería discutida y votada en la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 31 días.

El doctor Fluvio Ruiz dijo que esta iniciativa busca fortalecer el papel de la CFE en el sector eléctrico que comenzó a debilitarse desde finales del siglo pasado.

Incluso en ese momento hubo medidas que eran un mecanismo para evadir a la propia Constitución.

“Los permisos para las sociedades de autoabasto en ese momento eran este tipo de instrumentos que terminaron simulando una especie de club privado de energía eléctrica en contraposición de las disposiciones constitucionales».

Sin embargo a raíz de la reforma energética constitucional de 2013, todas estas figuras quedaron legalizadas.

El especialista dijo que tendría que existir una iniciativa de reforma constitucional porque en el artículo 25 se establece todo lo que tiene que ver con impulso a la competitividad y fomento a la inversión privada.

“Me parece que hay una idea o una intención de que las plazas privadas se usen solamente a partir de ciertos niveles de consumo de electricidad lo que las dejaría en una situación muy frágil”.

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Además, Ruiz Alarcón dijo que el plan de negocios de la CFE no contempla un impulso importante a las energías renovables, por lo que considera que una consecuencia esperada de esta iniciativa es que no se cumplan los compromisos de nuestro país en materia de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, e incluso las disposiciones contenidas en la Ley de Transición Energética. 

“Claramente va a abrir la posibilidad de controversias entre inversionistas y el Estado mexicano porque este cambio abrupto de reglas establece nuevas condiciones para las inversiones que se hicieron pensando en otros marcos legales y en ese sentido el capítulo 14 del T-MEC sirve de instrumento de defensa para quienes vean afectados las expectativas de rentabilidad desde sus inversiones”.

El entrevistado considera que las empresas pueden recurrir a ese capítulo para interponer controversias con el Estado mexicano.

“Esta iniciativa nos recuerda que en todo caso las modificaciones al marco jurídico y a la dinámica sectorial heredadas del gobierno anterior, tendrían que verse desde una perspectiva integral y siendo my conscientes de que las modificaciones siempre tienen un costo…asumir que no es algo inocuo sino que hay todo un conjunto de acuerdos internacionales que sirven como restricciones para cambios tan importantes” concluyó. 

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