Turbio aniversario de desaparición de normalistas en Ayotzinapa, entre filtraciones y recriminaciones

A ocho años del indignante suceso en Guerrero, en el que se presume fueron victimados 43 estudiantes, nuevos datos sugieren una acción concertada de autoridades, pero la verdad está lejos de ser esclarecida

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Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en un clima de incertidumbre pues dos gobiernos de distinto partido político han presentado dos investigaciones en las que todavía no se logra determinar, de forma clara, la verdad de lo que sucedió con los jóvenes.

Mario Patrón, ex abogado del caso Ayotzinapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló el jueves que “tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida”.

El proceso de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace ocho años se vio estremecido el fin de semana por la filtración en la prensa del contenido de un informe oficial del caso, lo que llevó a las autoridades a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una averiguación.

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LA FILTRACIÓN DEL INFORME

El subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, condenó la difusión en el diario local Reforma de partes del informe que entregó la comisión a la Fiscalía General de la República sobre las investigaciones adelantadas en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad sureña de Iguala, estado de Guerrero.

La filtración del informe se da semanas después que Encinas presentó a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un “crimen de Estado” el caso de Ayotzinapa tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

En el reporte de Reforma se revelan nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes, y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Encinas no se pronunció.

El subsecretario de Derechos Humanos consideró la filtración del informe “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”, y dijo en su cuenta de Twitter que las filtraciones “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.

Encinas anunció que solicitó a la Fiscalía General que inicie una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de lo que describió como una «grave filtración”.

Al lamentar la filtración el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos— dijo que esa acción “revictimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor», y no a la prensa.

Asimismo, el Centro Prodh manifestó preocupación por las informaciones difundidas por la prensa de que la Fiscalía General de la República supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.

“Estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA (Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa)”, refiere el comunicado.

SEGOB DENUNCIA A JUEZ

La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía General de la República al juez de la ciudad norteña de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.

En el escrito se señala a Ventura Ramos de haber dictado “más de 120 libertades absolutorias” de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes.

Esta semana, el juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado.

Ventura Ramos también absolvió este mes a quien era el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros procesos.

FGR PIDE A JUEZ CANCELAR 21 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.

Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.