La administración de Andrés Manuel López Obrador se niega aceptar lo que dice la Constitución, en el sentido de que es el Congreso de Tamaulipas el que tiene la facultad de retirar o no el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y mediante criterios políticos se intenta hacer creer que no es así, dice el abogado Francisco Burgoa.
En caso de que se ejerza una orden de aprehensión en contra del gobernador se podría estar cometiendo el delito en contra de la administración de justicia previsto en el Código Penal Federal, comentó.
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En entrevista con Fórmula Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, el constitucionalista asegura que no debe existir debate alguno sobre si existe una laguna legal o confusión, porque el artículo 111 constitucional es bastante claro.
“Todo se deriva a que desde la administración federal no quieren aceptar lo que dice la Constitución federal y sus leyes, es decir este debate público sobre esta aparente laguna legal o aparente confusión no debería de existir actualmente, porque solamente basta leer a detalle el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución”
“Se hace una perfecta distinción entre los servidores públicos federales a quienes la Cámara de Diputados les puede retirar completamente el fuero y ponerlos a disposición de las autoridades, pero en el caso de los servidores públicos locales en este caso por ejemplo hablamos de ejecutivos de las entidades federativas, el gobernador de Tamaulipas, en este caso el quinto párrafo del artículo 111 indica que la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales de que se comunique al Congreso de Tamaulipas”, agrega.
Dice que si todavía existiera duda o alguien no quiere aceptar lo que dice la Constitución, esto lo confirma también el Artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de la consulta la Ley de Servidores Públicos de Tamaulipas.
“Basta una lectura y comprensión de la Constitución para darnos cuenta de que a través de criterios políticos se quiere poner la idea nuevamente entre la opinión pública que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero, y esto de ninguna manera es así, él realmente tiene esta protección de inmunidad procesal y puede ejercer su cargo de forma normal”
“Nadie dice algo en contra del juicio de declaración de procedencia que llevó la Cámara de Diputados del Congreso el 30 de abril pasado, el único tema es los efectos y los efectos de esta declaración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solamente son declarativos, y es porque estos son los argumentos que se encuentran en el acuerdo por el cual desechó por notoriamente improcedente el ministro Juan Luis González Alcántara”, afirma.
