El presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera la división de poderes cuando litiga en medios contra jueces especializados, en lugar de usar los medios procesales para recurrir el otorgamiento de suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica, considera Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM.
“No es un hecho inédito que un juez federal emita este tipo de suspensiones provisionales a favor de distintos quejosos. Este mismo juez, Juan Pablo Gómez Fierro -la memoria es selectiva-, emitió también determinaciones como la del año 2018, en la que negó un amparo a un ciudadano que intentaba evitar la consulta popular para la cancelación del Aeropuerto de Texcoco”
“También negó amparar a una persona que buscaba obligar al presidente López Obrador a que tuviera un servicio de escoltas, cuando él decidió eliminar el Estado Mayor Presidencial”, recuerda en entrevista con Fórmula Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha.
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Ataques, si no le favorecen resoluciones
Dice que por lo tanto, sí existen resoluciones del mismo juez Juan Pablo Gómez Fierro a favor del Poder Ejecutivo Federal, por lo que critica que cuando se toma una decisión de otorgar suspensiones provisionales que no favorecen al Presidente, venga este ataque de los últimos días que en su opinión “sí vulnera la división de poderes”.
“No estamos hablando de un juez que no tiene especialización en la materia, tanto Juan Pablo Gómez Fierro como Rodrigo de la Peza López Figueroa son dos jueces que se especializan en competencia económica, y por lo tanto tienen la solvencia técnico-jurídica especializada para tomar decisiones en esta materia.
Que presente recurso de queja
“Si se considera que hay irregularidades al momento que se conceden estas suspensiones, entonces que se presente un recurso de queja. Hay recursos procesales para hacer frente a este tipo de determinaciones, y no empezar a litigar en los medios de comunicación, ejercer la presión social y atentar contra la autonomía de los jueces federales con esta carta que envía el Presidente”, agrega.
Considera que el que afirma está obligado a probar, y si el presidente considera que tiene pruebas contra el juez, entonces debería haberlas aportado en la carta que le envió al ministro presidente de la Corte Arturo Zaldívar.
Investigación no es en automático
“Lo que le contestó el ministro presidente, fue que se iba a enviar al Consejo de la Judicatura para que en el caso de que existieran elementos de prueba, entonces que se iniciara la investigación. No le dijo al Presidente: ‘sí, voy a investigar porque tú lo estás pidiendo’”, aclara.
Dice que el Presidente de la República no puede argumentarejercicio de su libertad de expresión para atacar a jueces federales que cumplen con sus funciones, que no son subordinados, y cuya autonomía tendría que estar interesado en respaldar.
